Caso Fujimori. Noticias. La Ley penal en el espacio.
TOMADO DE EL PAÍS
El ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido tras llegar a Santiago de Chile
El ex presidente peruano Alberto Fujimori ha sido detenido hoy en Santiago de Chile sólo unas horas después de pisar suelo chileno. Fujimori, procedente de Japón, donde ha vivido los últimos cinco años, es reclamado por la Justicia de su país para juzgarle por 21 cargos.
La detención de Fujimori ha sido confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Oscar Maúrtua de Romaña. En declaraciones a la emisora Radio Programas del Perú, el canciller ha dicho que Fujimori ha sido arrestado en el hotel Marriott de Santiago de Chile, donde se alojaba tras su llegada a la capital chilena en un avión privado. El ex mandatario, que no ha opuesto resistencia, ya ha sido trasladado a la Escuela de Investigaciones de la policía de Chile, ha agregado el ministro.
Según Maúrtua de Romaña, Fujimori ha sido arrestado por orden del ministro instructor de la Corte de Apelaciones de Santiago, Orlando Álvarez Hernández, quien había acogido la solicitud de detención presentada horas antes por el Gobierno de Lima. Perú ha recurrido a un tratado de extradición firmado con Chile en 1932 para solicitar la detención provisional de Fujimori.
Poco antes de la detención, el Gobierno de Perú solicitó al de Chile la detención de Fujimori. Según el portavoz del Gobierno chileno, Osvaldo Puccio, la Embajada peruana en Santiago entregó la petición, que fue remitida inmediatamente a los tribunales chilenos, que "son los que tienen que decidir la situación del señor Fujimori". El Gobierno de Chile ofreció "plena colaboración" a Perú en este caso, según el presidente del Consejo de Ministros peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien ha agregado que el procurador anticorrupción del país, Antonio Maldonado, viajará mañana a Santiago en una misión de alto nivel.
El tratado de extradición en vigor entre ambos países establece que el solicitante tiene un plazo de dos meses para presentar los antecedentes. Respecto a la situación de Fujimori, Puccio ha agregado que el mandatario peruano cuenta con visado normal de turista y que el pasaporte que ha presentado es peruano y no japonés, como se podría suponer.
Japón, que no tiene un tratado de extradición con Perú, rechazó repetidamente en los últimos cinco años las demandas del Estado peruano para la entrega de Fujimori, quien tiene también nacionalidad nipona. Fujimori tiene una orden de extradición de la Justicia de su país después que huyera a Japón en el año 2000 en medio de acusaciones de corrupción. En Perú afronta 21 cargos, que van desde abuso de poder hasta permitir la existencia de escuadrones de la muerte. Pese a ello, intensificó en las últimas semanas los preparativos con la intención de presentarse a las elecciones presidenciales peruanas del próximo año.
Mensaje en vídeo
Antes de su detención, Fujimori difundió un mensaje grabado en vídeo en el que afirmaba que había "contraído con Japón una gran deuda, por su generosa hospitalidad y la de su pueblo". Fujimori alaba en esas imágenes a sus "amigos japoneses", que no han vacilado en prestarle su "apoyo para hacer llevadera" su permanencia en el país asiático. Estas palabras han estado aderezadas con una imagen del Machu Pichu y la bandera peruana de fondo.
En Lima, miles de seguidores de Fujimori han salido a las calles del centro de la capital peruana para apoyarle. La concentración ha sido convocada por el partido Sí Cumple.
El Gobierno chileno pone en manos de la justicia la extradición de Fujimori a Perú
El Gobierno chileno dejó en manos de la justicia el futuro del ex presidente peruano Alberto Fujimori, de 67 años, para el inicio de un proceso de extradición del ex mandatario a petición del Gobierno de Perú, y descartó la posibilidad de una expulsión por vía administrativa. Fujimori, que está prófugo de la justicia de su país, llegó el domingo inesperadamente a Santiago en un vuelo de un avión privado desde Japón, con escala en EE UU y México, y fue detenido por la policía civil en la madrugada de ayer en el hotel donde se alojaba, previa petición de Lima, sin resistirse al arresto.
La llegada de Fujimori sorprendió a los Gobiernos de Chile y Perú y provocó reuniones paralelas en ambos países de los presidentes con sus ministros. Cuando el ex gobernante llevaba seis horas en la capital, surgieron las primeras voces de impaciencia porque no era detenido, entre ellas la de la candidata presidencial oficialista Michelle Bachelet. Después de que el canciller chileno, Ignacio Walker, informara al presidente peruano, Alejandro Toledo, de que el camino era la extradición, el embajador de Lima en Santiago pidió la detención preventiva mientras se iniciaba el proceso.
El Gobierno envió la solicitud a la Corte Suprema y el caso quedó en manos del juez Orlando Álvarez, miembro de este tribunal, quien ordenó la detención. Walker afirmó que "pasaron los tiempos" de las detenciones administrativas, en una referencia a la dictadura de Pinochet, y que "en Chile sólo se detiene a una persona por una orden emanada de un tribunal competente", al explicar por qué se prefirió el camino jurídico al más rápido de simplemente expulsar a Fujimori a Perú, como pidió Toledo. Anoche, el mandatario peruano agradeció a Chile la "rápida detención" de Fujimori, a quien calificó de "cobarde" y de haber "robado dinero y el orgullo de su país".
El canciller Walker tildó de "irresponsable e imprudente" al ex gobernante por llegar sin aviso previo y como parte de su estrategia electoral en Perú, donde aspira a ser candidato presidencial, y en un momento en que las relaciones bilaterales están tensas. En la decisión chilena influyó la tradición legal, pero también el clima de las relaciones.
"Espero que la situación del ex presidente Fujimori en Chile no sea un obstáculo en las relaciones que debemos tener con Perú", afirmó el presidente Ricardo Lagos. Además, existía el riesgo de que la defensa de Fujimori presentara un recurso de amparo para dificultar la salida y aumentar la tensión. Para reforzar el interés peruano en poner a Fujimori en el banquillo, ayer arribó a Santiago una delegación encabezada por el ministro del Interior, Rómulo Pizarro, quien tenía previsto reunirse con su colega chileno, Francisco Vidal.
Una década de corrupción
Acompañaba al ministro peruano el fiscal anticorrupción, Antonio Maldonado. Familiares de víctimas de atropellos a los derechos humanos en Perú han afirmado que también viajarán a Santiago. Con la detención y el inicio del proceso de extradición de Fujimori, acusado de violaciones a los derechos humanos y de corrupción durante su gobierno autoritario de casi una década, Chile vivirá un caso que tiene algunas similitudes con el que tuvo Inglaterra por la detención en Londres en 1998 del ex dictador Augusto Pinochet, a solicitud del juez español Baltasar Garzón. Se estima que el proceso de extradición tardará al menos dos meses, en el periodo previo a elecciones presidenciales en ambos países y en un momento en que las relaciones bilaterales están deterioradas por la delimitación marítima con Chile que Perú quiere cambiar unilateralmente.
Fujimori eligió el momento más apropiado a sus intereses para llegar a Chile, en una operación que planeó con anticipación y sorprendió a dos gobiernos. Las reservas en el hotel donde alcanzó a alojarse unas horas antes de su detención fueron hechas con semanas de anticipación, y sus asesores habían sondeado estudios jurídicos para su defensa, anticipando la posibilidad de un juicio de extradición. Desde el hotel, antes de ser detenido, un asesor de Fujimori entregó un comunicado donde planteaba que iba a "permanecer temporalmente en Chile" como parte del proceso de retorno a su país para postularse a la presidencia. Sus partidarios se reunieron con rapidez para avivarlo en Lima, mientras los opositores se manifestaban frente a la residencia del embajador de Chile exigiendo su entrega a Perú.
El Gobierno chileno dejó en manos de la justicia el futuro del ex presidente peruano Alberto Fujimori, de 67 años, para el inicio de un proceso de extradición del ex mandatario a petición del Gobierno de Perú, y descartó la posibilidad de una expulsión por vía administrativa. Fujimori, que está prófugo de la justicia de su país, llegó el domingo inesperadamente a Santiago en un vuelo de un avión privado desde Japón, con escala en EE UU y México, y fue detenido por la policía civil en la madrugada de ayer en el hotel donde se alojaba, previa petición de Lima, sin resistirse al arresto.
La llegada de Fujimori sorprendió a los Gobiernos de Chile y Perú y provocó reuniones paralelas en ambos países de los presidentes con sus ministros. Cuando el ex gobernante llevaba seis horas en la capital, surgieron las primeras voces de impaciencia porque no era detenido, entre ellas la de la candidata presidencial oficialista Michelle Bachelet. Después de que el canciller chileno, Ignacio Walker, informara al presidente peruano, Alejandro Toledo, de que el camino era la extradición, el embajador de Lima en Santiago pidió la detención preventiva mientras se iniciaba el proceso.
El Gobierno envió la solicitud a la Corte Suprema y el caso quedó en manos del juez Orlando Álvarez, miembro de este tribunal, quien ordenó la detención. Walker afirmó que "pasaron los tiempos" de las detenciones administrativas, en una referencia a la dictadura de Pinochet, y que "en Chile sólo se detiene a una persona por una orden emanada de un tribunal competente", al explicar por qué se prefirió el camino jurídico al más rápido de simplemente expulsar a Fujimori a Perú, como pidió Toledo. Anoche, el mandatario peruano agradeció a Chile la "rápida detención" de Fujimori, a quien calificó de "cobarde" y de haber "robado dinero y el orgullo de su país".
El canciller Walker tildó de "irresponsable e imprudente" al ex gobernante por llegar sin aviso previo y como parte de su estrategia electoral en Perú, donde aspira a ser candidato presidencial, y en un momento en que las relaciones bilaterales están tensas. En la decisión chilena influyó la tradición legal, pero también el clima de las relaciones.
"Espero que la situación del ex presidente Fujimori en Chile no sea un obstáculo en las relaciones que debemos tener con Perú", afirmó el presidente Ricardo Lagos. Además, existía el riesgo de que la defensa de Fujimori presentara un recurso de amparo para dificultar la salida y aumentar la tensión. Para reforzar el interés peruano en poner a Fujimori en el banquillo, ayer arribó a Santiago una delegación encabezada por el ministro del Interior, Rómulo Pizarro, quien tenía previsto reunirse con su colega chileno, Francisco Vidal.
Una década de corrupción
Acompañaba al ministro peruano el fiscal anticorrupción, Antonio Maldonado. Familiares de víctimas de atropellos a los derechos humanos en Perú han afirmado que también viajarán a Santiago. Con la detención y el inicio del proceso de extradición de Fujimori, acusado de violaciones a los derechos humanos y de corrupción durante su gobierno autoritario de casi una década, Chile vivirá un caso que tiene algunas similitudes con el que tuvo Inglaterra por la detención en Londres en 1998 del ex dictador Augusto Pinochet, a solicitud del juez español Baltasar Garzón. Se estima que el proceso de extradición tardará al menos dos meses, en el periodo previo a elecciones presidenciales en ambos países y en un momento en que las relaciones bilaterales están deterioradas por la delimitación marítima con Chile que Perú quiere cambiar unilateralmente.
Fujimori eligió el momento más apropiado a sus intereses para llegar a Chile, en una operación que planeó con anticipación y sorprendió a dos gobiernos. Las reservas en el hotel donde alcanzó a alojarse unas horas antes de su detención fueron hechas con semanas de anticipación, y sus asesores habían sondeado estudios jurídicos para su defensa, anticipando la posibilidad de un juicio de extradición. Desde el hotel, antes de ser detenido, un asesor de Fujimori entregó un comunicado donde planteaba que iba a "permanecer temporalmente en Chile" como parte del proceso de retorno a su país para postularse a la presidencia. Sus partidarios se reunieron con rapidez para avivarlo en Lima, mientras los opositores se manifestaban frente a la residencia del embajador de Chile exigiendo su entrega a Perú.
Perú presenta 22 solicitudes de extradición contra Fujimori
La fiscalía peruana presentó el miércoles 22 solicitudes de extradición en la Corte Suprema de su país contra el ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde el domingo tras llegar procedente de Japón, donde se encontraba prófugo de la justicia. Entre los cargos presentados figuran las matanzas cometidas por paramilitares en 1991 y 1992 y que costaron la vida a 25 personas, así como por torturas y asesinatos cometidos en la sede de los servicios de inteligencia militares.
El alto tribunal peruano deberá completar los expedientes para enviarlos, con el visto bueno del Gobierno, a Chile. Mientras, en este país, el juez encargado del caso, Orlando Álvarez, volvió a denegar ayer la puesta en libertad del ex presidente peruano y calificó de “improcedente” la petición de sus abogados.
La presencia de Fujimori ha causado una gran polémica. El presidente chileno, Ricardo Lagos, lamentó ayer que las autoridades japonesas no hubieran informado del viaje de Fujimori, que se inició el sábado. “Es mejor que cuando alguien que está requerido por la policía internacional viaja, y ese país lo va a saber, que informe”. Lagos confirmó que Fujimori entró en el país con pasaporte peruano y así lo hizo constar en la ficha de entrada. Ayer, la embajada de Japón —cuya ciudadanía también mantiene el ex presidente peruano— pidió visitar al detenido. Desde Tokio se insistió ayer, por segundo día consecutivo, en que el proceso judicial al que está sometido Fujimori debe ser “justo”.
La política interna chilena tampoco se ha salvado de la polémica.Tomás Hirsch, candidato presidencial de la coalición izquierdista Juntos Podemos, pidió la dimisión del ministro del Interior de Chile, Francisco Vidal, bajo la acusación de ser el responsable de la entrada de Fujimori en el territorio nacional. Sobre el mismo punto ya se había expresado el martes Michelle Bachelet, candidata del centroizquierda en las presidenciales de 2006, que dijo que el error fue permitir la entrada del ex mandatario.
La legislación chilena niega la entrada en el país a condenados o procesados y a aquellas personas que se hallan prófugas siempre que los delitos no sean políticos.
La fiscalía peruana presentó el miércoles 22 solicitudes de extradición en la Corte Suprema de su país contra el ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde el domingo tras llegar procedente de Japón, donde se encontraba prófugo de la justicia. Entre los cargos presentados figuran las matanzas cometidas por paramilitares en 1991 y 1992 y que costaron la vida a 25 personas, así como por torturas y asesinatos cometidos en la sede de los servicios de inteligencia militares.
El alto tribunal peruano deberá completar los expedientes para enviarlos, con el visto bueno del Gobierno, a Chile. Mientras, en este país, el juez encargado del caso, Orlando Álvarez, volvió a denegar ayer la puesta en libertad del ex presidente peruano y calificó de “improcedente” la petición de sus abogados.
La presencia de Fujimori ha causado una gran polémica. El presidente chileno, Ricardo Lagos, lamentó ayer que las autoridades japonesas no hubieran informado del viaje de Fujimori, que se inició el sábado. “Es mejor que cuando alguien que está requerido por la policía internacional viaja, y ese país lo va a saber, que informe”. Lagos confirmó que Fujimori entró en el país con pasaporte peruano y así lo hizo constar en la ficha de entrada. Ayer, la embajada de Japón —cuya ciudadanía también mantiene el ex presidente peruano— pidió visitar al detenido. Desde Tokio se insistió ayer, por segundo día consecutivo, en que el proceso judicial al que está sometido Fujimori debe ser “justo”.
La política interna chilena tampoco se ha salvado de la polémica.Tomás Hirsch, candidato presidencial de la coalición izquierdista Juntos Podemos, pidió la dimisión del ministro del Interior de Chile, Francisco Vidal, bajo la acusación de ser el responsable de la entrada de Fujimori en el territorio nacional. Sobre el mismo punto ya se había expresado el martes Michelle Bachelet, candidata del centroizquierda en las presidenciales de 2006, que dijo que el error fue permitir la entrada del ex mandatario.
La legislación chilena niega la entrada en el país a condenados o procesados y a aquellas personas que se hallan prófugas siempre que los delitos no sean políticos.
La justicia chilena niega la libertad provisional a Fujimori
El ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido el lunes en Santiago de Chile, sufrió ayer una nueva derrota judicial cuando el juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, que encabezará el proceso de extradición, se negó a concederle la libertad provisional que había solicitado. El embajador de Japón en Chile pidió que se respeten los derechos del ex mandatario peruano, cuya extradición solicita el Gobierno de Perú.
En una escueta resolución, el juez Álvarez "rechaza de plano la solicitud" de libertad provisional de Fujimori, tomando en cuenta que el tratado de extradición entre Chile y Perú, de 1932, permite prolongar la detención preventiva con el fin de que el país demandante presente la solicitud. También se negó a cambiar la detención por una caución o una orden de arraigo. Álvarez afirmó que su decisión no es apelable por la defensa del ex gobernante, porque no ha sido dictada en una audiencia.
Fujimori, de 67 años, prófugo con orden de captura internacional y acusado en 22 causas por violaciones de derechos humanos y corrupción durante su gobierno, permanece recluido en la Escuela de Gendarmería en Santiago.
Un nuevo actor apareció en el revuelo que ha armado Fujimori al volver de su autoexilio en Japón para presentar su candidatura a las elecciones peruanas de abril próximo, a pesar de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos en su país. El ex mandatario residió cinco años en Japón desde que renunció a la presidencia y, como hijo de inmigrantes japoneses, tiene también esta nacionalidad.
El embajador japonés en Santiago, Hajime Ogawa, pidió al ministro de Exteriores chileno, Ignacio Walker, que el ex gobernante reciba un trato justo y sin discriminación, y que su país siga siendo informado sobre el caso.
Entretanto, Walker comunicó a Ogawa la cancelación de su viaje a Tokio, previsto para esta semana, y previo a la reunión que sostendrán la próxima semana el presidente chileno, Ricardo Lagos, y el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aunque esta reunión se mantiene, en Santiago existe malestar por no haber sido informados del viaje de Fujimori por las autoridades de Japón.
Uno de los factores que llevaron a Fujimori a elegir Chile para el regreso es que la Corte Suprema ha rechazado en dos ocasiones anteriores extraditar a Lima a colaboradores de Fujimori, porque las pruebas aportadas por el Perú fueron consideras insuficientes. Chile y Perú coinciden en su interés por que Fujimori sea extraditado con rapidez, pero las razones son distintas. En el primer caso, para desembarazarse del indeseado visitante. En el segundo, el proceso al ex gobernante en Lima sería una inyección para el presidente peruano, Alejandro Toledo, a cuatro meses de las elecciones.
[Por otro lado, el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue interrogado ayer durante tres horas sobre sus cuentas secretas en el extranjero, informa Efe. El juez instructor, Carlos Cerda, dijo que Pinochet "colaboró bastante".]
Un juez chileno deniega la libertad provisional al ex presidente peruano Alberto Fujimori
El ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido el lunes en Chile horas después de su regreso de Japón, sufrió ayer una nueva derrota judicial. El juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, encargado de dirigir el proceso de extradición, se negó a concederle la libertad provisional que éste había solicitado. Al mismo tiempo, un tercer actor se ha incorporado al caso Fujimori: el embajador de Japón en Santiago, Hajime Ogawa, pidió ayer que se respeten los derechos del ex gobernante peruano, cuya extradición solicita el Gobierno de su país, presidido por Alejandro Toledo.
En una escueta resolución de diez líneas, el juez Álvarez sostuvo que se “rechaza de plano la solicitud” de libertad provisional de Fujimori, tomando en cuenta que el tratado de extradición entre Chile y Perú, de 1932, permite prolongar la detención preventiva con el fin de que el país solicitante presente la petición de extradición. También se negó a cambiar la detención por una caución o una orden de arraigo. Álvarez afirmó que su decisión no es apelable por la defensa del ex gobernante, porque no ha sido dictada en una audiencia.
Fujimori, de 67 años, prófugo con orden de captura internacional y acusado en 22 causas por delitos de violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su Gobierno, permanece recluido en la Escuela de Gendarmería en Santiago. Lo custodian dos gendarmes en una habitación de 7,5 metros cuadrados, donde dispone de baño privado, radio, televisión, cama y armario.
Fujimori ha creado un auténtico revuelo político al volver de su autoexilio en Japón para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales peruanas del próximo abril, a pesar de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos en su país. El ex gobernante residió cinco años en Japón desde que renunció a la presidencia y, en su calidad de hijo de inmigrantes japoneses, tiene también esa nacionalidad.
El embajador japonés en Santiago, Hajime Ogawa, pidió ayer al canciller chileno, Ignacio Walker, que el ex gobernante reciba un trato justo y sin discriminación, que como ciudadano japonés “sea juzgado de manera correcta” y que su país siga siendo informado sobre el caso. Citando a una portavoz de Exteriores que no identificó, el diario japonés Yomiuri sostuvo que Tokio pedirá tener acceso a Fujimori para reunirse con él y que esperan un informe de las autoridades chilenas.
Entretanto, el ministro Walker comunicó a Ogawa la cancelación de un viaje suyo a Tokio, previsto para esta semana, y previo a la reunión que sostendrán la próxima semana el presidente chileno, Ricardo Lagos, y el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, en el curso de una cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC). Aunque esta reunión se mantiene, en Santiago existe malestar por no haber sido informados del viaje de Fujimori por las autoridades de Japón.
Tampoco México informó a Chile de la escala de 45 minutos que hizo en Tijuana el avión en que viajaba Fujimori para repostar combustible. El canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, afirmó que, al igual que ocurrió en Chile, no pudieron detenerlo porque no había orden judicial.
Entretanto, el embajador de Estados Unidos en Perú, James Curtis, dijo que su Gobierno investiga si Fujimori entró en ese país, en una escala del avión en Atlanta (Georgia). “Tengo que asumir que pasó con otro nombre”, sostuvo en declaraciones publicadas por la prensa limeña.
El procurador anticorrupción de Perú, Antonio Maldonado, explicó en Santiago que pidieron la detención preventiva de Fujimori por su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el grupo Colina, el escuadrón de la muerte de su ex asesor Vladimiro Montesinos, hoy en prisión. El Gobierno peruano está eligiendo el estudio jurídico que lo representará en el proceso de extradición, mientras ayer arribó a Santiago el abogado que encabezará la defensa de Fujimori, César Nakasaki, quien afirmó confiar en la imparcialidad de la justicia chilena.
Uno de los factores que llevaron a Fujimori a elegir Chile para el regreso es que jueces de la Corte Suprema han rechazado en dos ocasiones anteriores extraditar a Lima a personas cercanas de Fujimori, porque las pruebas aportadas por el Estado de Perú fueron consideras insuficientes. Uno es el caso del publicista argentino Edgardo Borobio, relacionado con Montesinos, aunque Lima ha insistido en su petición por nuevos delitos, y otro es el ex director del diario peruano Expreso Eduardo Calmell.
Los Gobiernos de Chile y Perú coinciden en su interés de que Fujimori sea extraditado con rapidez a Lima, pero las razones son distintas, según los analistas. En el primer caso, para desembarazarse del indeseado visitante, cuya entrada en el país desató las críticas del Partido Socialista porque el Gobierno no lo expulsó. En el segundo, el proceso al ex gobernante en Lima sería una inyección de popularidad para Toledo, a cuatro meses de las elecciones.
Perú prepara 22 solicitudes de extradición contra Fujimori
La fiscalía peruana presentó ayer 22 solicitudes de extradición en la Corte Suprema de su país contra el ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde el domingo tras llegar procedente de Japón, donde se encontraba prófugo. Entre los cargos presentados figuran las matanzas cometidas por paramilitares en 1991 y 1992 y que costaron la vida a 25 personas, así como por torturas y asesinatos cometidos en la sede de los servicios de inteligencia militares.
El alto tribunal peruano deberá completar los expedientes para enviarlos, con el visto bueno del Gobierno, a Chile. Mientras, en este país, el juez encargado del caso volvió a denegar ayer la puesta en libertad del ex presidente peruano y calificó de "improcedente" la petición de sus abogados.
La presencia de Fujimori ha causado una gran polémica. El presidente chileno, Ricardo Lagos, lamentó ayer que las autoridades japonesas no hubieran informado del viaje de Fujimori, que se inició el sábado. "Es mejor que cuando alguien que está requerido por la policía internacional viaja, y ese país lo va a saber, que informe". Lagos confirmó que Fujimori entró en el país con pasaporte peruano y así lo hizo constar en la ficha de entrada. Ayer, la embajada de Japón -cuya ciudadanía también mantiene el ex presidente peruano- pidió visitar al detenido. Desde Tokio se insistió ayer, por segundo día consecutivo, en que el proceso judicial al que está sometido Fujimori debe ser "justo".
Michelle Bachelet, candidata del centroizquierda en las presidenciales de 2006, dijo que el error fue permitir la entrada del ex mandatario. La legislación chilena niega la entrada en el país a condenados o procesados y a aquellas personas que se hallan prófugas siempre que los delitos no sean políticos.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido el lunes en Santiago de Chile, sufrió ayer una nueva derrota judicial cuando el juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, que encabezará el proceso de extradición, se negó a concederle la libertad provisional que había solicitado. El embajador de Japón en Chile pidió que se respeten los derechos del ex mandatario peruano, cuya extradición solicita el Gobierno de Perú.
En una escueta resolución, el juez Álvarez "rechaza de plano la solicitud" de libertad provisional de Fujimori, tomando en cuenta que el tratado de extradición entre Chile y Perú, de 1932, permite prolongar la detención preventiva con el fin de que el país demandante presente la solicitud. También se negó a cambiar la detención por una caución o una orden de arraigo. Álvarez afirmó que su decisión no es apelable por la defensa del ex gobernante, porque no ha sido dictada en una audiencia.
Fujimori, de 67 años, prófugo con orden de captura internacional y acusado en 22 causas por violaciones de derechos humanos y corrupción durante su gobierno, permanece recluido en la Escuela de Gendarmería en Santiago.
Un nuevo actor apareció en el revuelo que ha armado Fujimori al volver de su autoexilio en Japón para presentar su candidatura a las elecciones peruanas de abril próximo, a pesar de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos en su país. El ex mandatario residió cinco años en Japón desde que renunció a la presidencia y, como hijo de inmigrantes japoneses, tiene también esta nacionalidad.
El embajador japonés en Santiago, Hajime Ogawa, pidió al ministro de Exteriores chileno, Ignacio Walker, que el ex gobernante reciba un trato justo y sin discriminación, y que su país siga siendo informado sobre el caso.
Entretanto, Walker comunicó a Ogawa la cancelación de su viaje a Tokio, previsto para esta semana, y previo a la reunión que sostendrán la próxima semana el presidente chileno, Ricardo Lagos, y el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aunque esta reunión se mantiene, en Santiago existe malestar por no haber sido informados del viaje de Fujimori por las autoridades de Japón.
Uno de los factores que llevaron a Fujimori a elegir Chile para el regreso es que la Corte Suprema ha rechazado en dos ocasiones anteriores extraditar a Lima a colaboradores de Fujimori, porque las pruebas aportadas por el Perú fueron consideras insuficientes. Chile y Perú coinciden en su interés por que Fujimori sea extraditado con rapidez, pero las razones son distintas. En el primer caso, para desembarazarse del indeseado visitante. En el segundo, el proceso al ex gobernante en Lima sería una inyección para el presidente peruano, Alejandro Toledo, a cuatro meses de las elecciones.
[Por otro lado, el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue interrogado ayer durante tres horas sobre sus cuentas secretas en el extranjero, informa Efe. El juez instructor, Carlos Cerda, dijo que Pinochet "colaboró bastante".]
Un juez chileno deniega la libertad provisional al ex presidente peruano Alberto Fujimori
El ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido el lunes en Chile horas después de su regreso de Japón, sufrió ayer una nueva derrota judicial. El juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, encargado de dirigir el proceso de extradición, se negó a concederle la libertad provisional que éste había solicitado. Al mismo tiempo, un tercer actor se ha incorporado al caso Fujimori: el embajador de Japón en Santiago, Hajime Ogawa, pidió ayer que se respeten los derechos del ex gobernante peruano, cuya extradición solicita el Gobierno de su país, presidido por Alejandro Toledo.
En una escueta resolución de diez líneas, el juez Álvarez sostuvo que se “rechaza de plano la solicitud” de libertad provisional de Fujimori, tomando en cuenta que el tratado de extradición entre Chile y Perú, de 1932, permite prolongar la detención preventiva con el fin de que el país solicitante presente la petición de extradición. También se negó a cambiar la detención por una caución o una orden de arraigo. Álvarez afirmó que su decisión no es apelable por la defensa del ex gobernante, porque no ha sido dictada en una audiencia.
Fujimori, de 67 años, prófugo con orden de captura internacional y acusado en 22 causas por delitos de violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su Gobierno, permanece recluido en la Escuela de Gendarmería en Santiago. Lo custodian dos gendarmes en una habitación de 7,5 metros cuadrados, donde dispone de baño privado, radio, televisión, cama y armario.
Fujimori ha creado un auténtico revuelo político al volver de su autoexilio en Japón para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales peruanas del próximo abril, a pesar de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos en su país. El ex gobernante residió cinco años en Japón desde que renunció a la presidencia y, en su calidad de hijo de inmigrantes japoneses, tiene también esa nacionalidad.
El embajador japonés en Santiago, Hajime Ogawa, pidió ayer al canciller chileno, Ignacio Walker, que el ex gobernante reciba un trato justo y sin discriminación, que como ciudadano japonés “sea juzgado de manera correcta” y que su país siga siendo informado sobre el caso. Citando a una portavoz de Exteriores que no identificó, el diario japonés Yomiuri sostuvo que Tokio pedirá tener acceso a Fujimori para reunirse con él y que esperan un informe de las autoridades chilenas.
Entretanto, el ministro Walker comunicó a Ogawa la cancelación de un viaje suyo a Tokio, previsto para esta semana, y previo a la reunión que sostendrán la próxima semana el presidente chileno, Ricardo Lagos, y el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, en el curso de una cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC). Aunque esta reunión se mantiene, en Santiago existe malestar por no haber sido informados del viaje de Fujimori por las autoridades de Japón.
Tampoco México informó a Chile de la escala de 45 minutos que hizo en Tijuana el avión en que viajaba Fujimori para repostar combustible. El canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, afirmó que, al igual que ocurrió en Chile, no pudieron detenerlo porque no había orden judicial.
Entretanto, el embajador de Estados Unidos en Perú, James Curtis, dijo que su Gobierno investiga si Fujimori entró en ese país, en una escala del avión en Atlanta (Georgia). “Tengo que asumir que pasó con otro nombre”, sostuvo en declaraciones publicadas por la prensa limeña.
El procurador anticorrupción de Perú, Antonio Maldonado, explicó en Santiago que pidieron la detención preventiva de Fujimori por su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el grupo Colina, el escuadrón de la muerte de su ex asesor Vladimiro Montesinos, hoy en prisión. El Gobierno peruano está eligiendo el estudio jurídico que lo representará en el proceso de extradición, mientras ayer arribó a Santiago el abogado que encabezará la defensa de Fujimori, César Nakasaki, quien afirmó confiar en la imparcialidad de la justicia chilena.
Uno de los factores que llevaron a Fujimori a elegir Chile para el regreso es que jueces de la Corte Suprema han rechazado en dos ocasiones anteriores extraditar a Lima a personas cercanas de Fujimori, porque las pruebas aportadas por el Estado de Perú fueron consideras insuficientes. Uno es el caso del publicista argentino Edgardo Borobio, relacionado con Montesinos, aunque Lima ha insistido en su petición por nuevos delitos, y otro es el ex director del diario peruano Expreso Eduardo Calmell.
Los Gobiernos de Chile y Perú coinciden en su interés de que Fujimori sea extraditado con rapidez a Lima, pero las razones son distintas, según los analistas. En el primer caso, para desembarazarse del indeseado visitante, cuya entrada en el país desató las críticas del Partido Socialista porque el Gobierno no lo expulsó. En el segundo, el proceso al ex gobernante en Lima sería una inyección de popularidad para Toledo, a cuatro meses de las elecciones.
Perú prepara 22 solicitudes de extradición contra Fujimori
La fiscalía peruana presentó ayer 22 solicitudes de extradición en la Corte Suprema de su país contra el ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde el domingo tras llegar procedente de Japón, donde se encontraba prófugo. Entre los cargos presentados figuran las matanzas cometidas por paramilitares en 1991 y 1992 y que costaron la vida a 25 personas, así como por torturas y asesinatos cometidos en la sede de los servicios de inteligencia militares.
El alto tribunal peruano deberá completar los expedientes para enviarlos, con el visto bueno del Gobierno, a Chile. Mientras, en este país, el juez encargado del caso volvió a denegar ayer la puesta en libertad del ex presidente peruano y calificó de "improcedente" la petición de sus abogados.
La presencia de Fujimori ha causado una gran polémica. El presidente chileno, Ricardo Lagos, lamentó ayer que las autoridades japonesas no hubieran informado del viaje de Fujimori, que se inició el sábado. "Es mejor que cuando alguien que está requerido por la policía internacional viaja, y ese país lo va a saber, que informe". Lagos confirmó que Fujimori entró en el país con pasaporte peruano y así lo hizo constar en la ficha de entrada. Ayer, la embajada de Japón -cuya ciudadanía también mantiene el ex presidente peruano- pidió visitar al detenido. Desde Tokio se insistió ayer, por segundo día consecutivo, en que el proceso judicial al que está sometido Fujimori debe ser "justo".
Michelle Bachelet, candidata del centroizquierda en las presidenciales de 2006, dijo que el error fue permitir la entrada del ex mandatario. La legislación chilena niega la entrada en el país a condenados o procesados y a aquellas personas que se hallan prófugas siempre que los delitos no sean políticos.

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